Luego de movilizaciones, participación en el Congreso, de sociabilizar y negociar con estudiantes, docentes, funcionarios y rectores de universidades estatales y las tradicionales que pertenecen al Consejo de Rectores, el gobierno de Michelle Bachelet, logró presentar un proyecto de reforma a la Educación Superior, cuyo profundo sentido tenía la eliminación, ayer el Tribunal Constitucional concluyó por rechazar este artículo, poniendo en jaque a la ciudadanía, ya la demanda de fin al lucro trascendió a los estudiantes.
En el ámbito local, también han aparecido repercusiones de este hecho, Para Claudio Rivera, Vicerrector de Planificación y Desarrollo de la Universidad de los Lagos, el gesto del Tribunal Constitucional, es lamentable, pues esta ley había sido debatida por muchos actores para asegurar su factibilidad.
La jornada de ayer, y en una votación de 6 votos contra 4, el tribunal declaró como inconstitucional el artículo 63 de la Ley de Educación Superior –donde está contenida la norma–, ya que considera que el texto transgrede el derecho que la Constitución asegura a la libertad de enseñanza y organización, ante esta respuesta, Claudio Rivera agrega la importancia de que la ciudadanía se manifiesta por una nueva Constitución que ponga fin a este aparato burocrático que pone trabas en las leyes discutidas y mejoradas de manera democrática.
Carlos Martínez Presidente de la Asociación de Académicos de la Universidad de los Lagos, señala que el Tribunal Constitucional está cuestionado y es una instancia no democrática cuyo curriculum de sus integrantes está definido, siendo un obstáculo para leyes que avanzan en lo social.
Con resolución de TC se retrocederían 10 años de movilizaciones y debate público y viene a destacar la asimetría que estaba existiendo entre instituciones privadas con fines de lucro y aquellas que nacieron para aportar con los mejores profesionales para el país, agrega Martínez.
Según la declaración entregada por el Tribunal Constitucional “por mayoría de votos, la conformidad a la Constitución de la generalidad de sus disposiciones, en especial lo relativo al régimen de gratuidad de la educación superior y su financiamiento”. Pero, al mismo tiempo, acordaron “declarar la inconstitucionalidad del artículo 63 del proyecto, y del artículo 18 transitorio en relación al mismo, referidos al estatuto jurídico de los controladores de universidades”.
Dentro de las críticas que surgen luego de la resolución del Tribunal se señala que todo este lobby favorable para la educación privada se debe al recurso presentado por la Corporación de Universidades Privadas (CUP) encabezado por la exrectora de la Universidad de Las Américas, Pilar Armanet, militante PPD y que además fuera vocera de gobierno en el primer mandato de Michelle Bachelet, lo que genera debate interno dentro del PPD y toda la Oposición.
Debido a que el fin al lucro se gestara en las calles por parte de estudiantes y la ciudadanía organizada, se analiza la posibilidad de que comiencen nuevamente las manifestaciones en las calles, ante esto, Carlos Martínez señaló que es probable que ocurra, ya que existe un descontento general.
Por último, cabe mencionar que la sentencia definitiva será expedida y notificada a los órganos co-legisladores a más tardar el 26 de abril próximo, dentro de los plazos establecidos por la ley.
