Destacar que el propio Sebastián Piñera sostiene la tesis de que en el sur de Chile existe terrorismo, idea que no es compartida por todos los partidos, movimientos y habitantes de nuestro país. En base a esto presentó una serie de indicaciones para modificar la Ley Antiterrorista, la que inmediatamente fue criticada por varios sectores de la sociedad, pues continua desplazando y estigmatizando, debido a que es en las regiones de La Araucanía, el Bío Bío y Los Ríos donde más se concentran las querellas bajo esta normativa.
Nuyado destaca que ante la militarización en el Wallmapu y también ante la persecución política y judicial contra el pueblo, se atemoriza por parte del estado y se persigue, haciendo valer una ley antidemocrática y fuera de foco, como lo es la Ley Antiterrorista.
Hace algún tiempo es Presidente Piñera señaló que “la legislación antiterrorista que tenemos en Chile cumple con todos los estándares de Derechos Humanos. Así lo ha consignado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, esto sin mostrar documento alguno del organismo mencionado, el cual muchas veces ha dicho que esta ley no cumple con lo establecido por las normas internacionales.
Cabe destacar que el 29 de mayo de 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ente superior a la Comisión, condenó al Estado chileno en el caso llamado “Norín Catrimán y otros” por la aplicación de la Ley Antiterrorista en contra de varios mapuches. Dicho falló consignó, por ejemplo, que el Estado violó los derechos a la libertad personal, aplicando detenciones arbitrarias y prisiones preventivas no ajustadas a los estándares internacionales. Pero también condenó el uso de testigos protegidos, uno de los puntos que precisamente busca fortalecer el presidente Piñera con sus modificaciones a la ley. La Corte manifestó en 2014 que esta medida contradice a la Convención Americana de Derechos Humanos, la que busca garantizar la interrogación de las defensas a los testigos.
La sentencia obligaba al Estado chileno a revisar esta herramienta investigativa, sin embargo esto no ha cambiado y no existe un pronunciamiento nuevo del organismo en el cuál digan que resolverán el problema. Es más, se continúa reforzando la idea de que la actual Ley es la más valorable para subsanar la problemática que hoy se vive en las regiones del Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, según agregó la Diputada.
Por último cabe agregar que bajo la legislación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el desobedecer un fallo condenatorio puedo llevar a una nueva condena al Estado en rebeldía. Situación a la que se podría ver afectado el Estado Chileno si continúa con esta situación.
