A través de un comunicado, el Intendente Leonardo de la Prida se refirió al pago de bonos por la crisis
de la Marea Roja a funcionarios públicos durante 2016, “primero hay que aclarar
que no hay aquí ningún funcionario público que haya pedido que se le entregara
este beneficio. No es que aquí se haya hecho una adulteración de algún
documento o que haya recibido de alguna manera dolosa o de alguna manera
fraudulenta, señala la autoridad.
Aquí lo que ocurre es que nosotros
entregamos aportes a 6.754 beneficiarios y estamos hablando de 11 beneficiarios
que además de haber revestido las características de tener Registro Pesquero Artesanal tuvieron en
algún momento cuando recibieron los pagos la calidad de funcionario públicos,
municipales o de alguna entidad pública” menciona De la Prida.
Además, explicó la manera en que se
otorgaron los bonos, “lo que ocurre acá cuando aparece la emergencia debimos
decidir cómo llegábamos a las personas, cómo las ayudábamos. Lo que teníamos
que hacer era determinar grupos o universos de personas beneficiarias y
apareció que lo lógico era partir por las personas más afectadas que eran los
pescadores artesanales, los que están inscritos en el registro pesquero
artesanal.
Estas 11 personas que se les pagó estaban
inscritas en el registro pesquero artesanal y por lo mismo formaron parte del
grupo de pago establecido en un procedimiento que también es conocido por la
Contraloría. Un procedimiento en el cual Sernapesca entrega una nómina por las
comunas afectadas por marea roja y que tuvieran captura de productos
bentónicos. También se determinó que había que hacer filtros. Se enviaba al
ministerio del Trabajo la información para determinar las personas que tenían
registro de pago de cotizaciones previsionales. Lo que ocurre es que las
cotizaciones previsionales dependen también de los empleadores en algunos casos
y también depende de que se van pagando de forma diferenciada” indicó.
“Dentro del contexto de 6700 pagos y
correspondiente al 0,16% de los pagos totales hubo efectivamente 11 personas
que en alguno de los pagos revistieron la calidad de funcionarios públicos.
Quiero aclarar, no son funcionarios de intendencia ni del gobierno regional,
sino que son personas que viviendo en las zonas afectadas en algún momento
optaron por un cargo ya sea una municipalidad o en alguna otra entidad fiscal”,
aclaró.
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La Voz De La Costa
